Derecho a ser escuchado

Es de vital importancia que los adultos que interactuamos con los niños en cualquier ámbito (familiar, escolar, comunitario, social, cultural, recreativo) los escuchemos. Escuchar es disponerse a decodificar o interpretar lo que quieren decirnos,  aun cuando no hablen con palabras. Es atender a lo corporal, lo gestual, las miradas, los tonos de voz, para poder darles respuesta.

A medida que son más grandes y utilizan palabras, escucharlos es disponerse a tomar en cuenta sus necesidades, preocupaciones, intereses, deseos. Ubicar la necesidad de decir sí, acompañarlos y habilitarlos poco a poco en función de sus posibilidades madurativas diciéndoles no y poniendo límites cuando es necesario, con firmeza, pero también con respeto y buen trato.

Escuchar a los niños y sus opiniones de ningún modo significa responsabilizarlos de tomar decisiones que nos corresponden a nosotros. Somos los adultos a cargo, los encargados de tomar las decisiones fundamentales de su vida, y el escucharlos y considerar sus opiniones no nos exime de nuestra responsabilidad.   

Hay un abanico muy amplio de situaciones en las cuales los niños pueden opinar y hasta, eventualmente, decidir. Elegir una prenda de vestir, un juguete o amigo para jugar (por citar algunos ejemplos). Sin embargo, hay otras decisiones que implican un grado de responsabilidad mayor y como adultos no podemos desentendernos.

En la medida en que los chicos crecen, van adquiriendo mayor autonomía y responsabilidad por sus acciones, y serán diferentes las posibilidades de expresión de sus opiniones. Como adultos, también tendremos que acompañarlos, escucharlos y darles lugar para que, además de opinar libremente, puedan anticipar las consecuencias de sus acciones y responsabilizarse progresivamente por ellas.

Otro de los modos en que la CDN establece el ejercicio del derecho a ser escuchado, es en aquellos procedimientos en los cuales hay que tomar decisiones que afectan directamente la vida del niño. Por ejemplo, en casos de niños que deben ser separados de sus padres o familiares por situaciones de violencia y/o delitos sexuales, habrá que determinar cómo se realizará su custodia y eventualmente cuando sea posible, la restitución a su familia u otras alternativas tales como acogimiento familiar, adopción.

En estos casos, siempre que el niño quiera (ya que no es obligatorio), tiene derecho a expresar él mismo o quien lo represente sus opiniones en libertad, sin ser manipulado y/o presionado, en un ámbito en el cual se sienta cuidado y protegido y en el que se respete su derecho a la intimidad, resguardando la confidencialidad de lo que plantee.

En todos estos casos,  para garantizar una escucha adecuada es muy importante que, además de las autoridades del poder judicial o de ámbitos administrativos, haya profesionales especializados en infancia y adolescencia.

Respecto a los adultos que toman las decisiones (jueces, tutores, padres), es necesario que consideren las opiniones del niño de acuerdo a su edad y madurez, y que siempre le comuniquen las decisiones que se tomen.